Incentivos tributarios y subsidios en zonas extremas

Claudio Agostini

Claudio Agostini

Como resultado del conflicto en Aysén que ya se extiende por más de tres semanas, el gobierno anunció un conjunto de medidas que favorecen a todas las regiones australes del país. Esta nueva ley de zonas extremas extiende y amplía beneficios tributarios a la inversión y el empleo hasta el año 2025, duplica el monto que se destina al Fondo de Fomento de Zonas Extremas que se utiliza para subsidiar inversión y permite que las empresas imputen créditos tributarios por inversiones hasta el año 2045.



Aunque muchos crean que las exenciones tributarias y los subsidios a la inversión y el empleo son una buena idea y ayudan a desarrollar zonas geográficas más aisladas en el país, no es evidente que ese sea efectivamente el caso. Existen varios estudios académicos que han analizado para Estados Unidos, Inglaterra e Italia el efecto de distintos incentivos tributarios a la inversión en zonas geográficas específicas, incluyendo zonas francas y parques industriales.

Los distintos análisis muestran consistentemente que este tipo de incentivos no generan más empleos y no atraen más inversión. La excepción son un par de casos donde al principio hubo un pequeño aumento en el empleo, pero fue temporal y luego de un año el desempleo era el mismo que antes. Por eso es que mientras no se haga una evaluación rigurosa de todas las políticas de incentivos tributarios y subsidios que se han otorgado a las zonas extremas en Chile, me parece un grave error seguir ampliando beneficios y extendiéndolos en el tiempo (actualmente están vigentes leyes que benefician a Arica, Parinacota y Palena; las comunas de Tocopilla, Porvenir, Primavera e Isla de Pascua; y las regiones I, XI y XII.). Los recursos públicos son escasos y pueden tener usos mejores, incluso en las mismas regiones extremas, que destinarlos a financiar políticas que no sabemos si son efectivas o no.

Adicionalmente, la evidencia para otros países es que los mayores efectos que producen todos estos incentivos tributarios son generar empresas de papel, aumentar el contrabando y aumentar los costos de fiscalización y administración del sistema tributario.

No sabemos la magnitud de estos efectos en Chile, pero en estos momentos en que se vuelve a discutir sobre ampliar y extender estos beneficios es importante acordarse que en el año 2008 el Servicio de Impuestos Internos junto con la Tesorería General de la República detectaron un fraude al fisco por $ 18 mil millones por parte de un empresario textil que operaba en la XII Región utilizando las franquicias tributarias que entrega la Ley Navarino para empresas que inviertan y operen en las comunas de Cabo de Hornos, Porvenir, Primavera y Timaukel.

La operación de fraude era más simple de lo que uno pensaría, una empresa fabricaba jeans que vendía en $ 2.800 a una empresa relacionada que estaba ubicada en la comuna de Porvenir, luego esta empresa le revendía los jeans a la empresa original que los fabricó con un sobreprecio que llegaba hasta 
$ 75.000. Con esta simple reventa entre empresas relacionadas la empresa de papel “ubicada” en Porvenir recibía un 20% de bonificación por ventas de acuerdo a la Ley Navarino. Por último, los jeans eran vendidos a una sociedad exportadora relacionada que se los vendía a otras empresas también relacionadas en España, con lo se que recibía devolución de IVA. El resultado final de esta “inversión” en una zona extrema de Chile fue simplemente el cuantiosas ganancias para un empresario inescrupuloso en apenas cinco meses y a costa de todos los chilenos. De empleo en la comuna de Porvenir ni hablar.

El mayor problema es las regiones extremas, en especial en el sur austral es su aislamiento. Por eso es que me parece más relevante que se invierta en mejorar fuertemente la conectividad y la infraestructura básica en vez de otorgar beneficios tributarios de dudoso efecto. Las inversiones llegaran por sí solas una vez que ello ocurra.